La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) notificó a Inés Gómez Mont y a su esposo, el empresario y abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, la cancelación de las fichas rojas que mantenía vigentes desde 2021 por una orden de aprehensión en México.
La decisión derivó de una solicitud que la defensa presentó el 13 de octubre de 2025. Los abogados argumentaron que el caso tenía motivaciones políticas y que una eventual entrega a México expondría a la pareja a una posible detención arbitraria por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. También señalaron afectaciones a la presunción de inocencia y al derecho a un juicio justo.
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¿Qué ocurrió con Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga?
La defensa destacó la falta de una resolución de fondo en el juicio de amparo que promovió en noviembre de 2021 contra la orden de aprehensión. El proceso enfrentó aplazamientos y disputas entre juzgados de la Ciudad de México, el Estado de México y Sinaloa.
Apenas en 2026, un tribunal federal resolvió el conflicto de competencia y asignó el asunto a un juzgado de distrito del Segundo Circuito, en territorio mexiquense.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la pareja de presuntos delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Según la fiscalía, ambos habrían encabezado una estructura que desvió recursos federales mediante empresas fantasma, en operaciones vinculadas con contratos de seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La cancelación de las fichas rojas impide que las autoridades localicen y detengan a la pareja mediante ese mecanismo internacional, pero no elimina la orden de aprehensión vigente en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la decisión el 30 de septiembre y, el 8 de octubre, anunció que buscaría reactivar las alertas. La FGR también solicitó la detención provisional con fines de extradición.
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