La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este jueves su rechazo a la retroactividad incluida a última hora en la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado la noche del miércoles, en una votación de 76 a favor y 39 en contra.
La disposición transitoria ordena que asuntos ya en trámite se resuelvan conforme a la nueva legislación, un punto que no estaba contemplado en la iniciativa original de la mandataria.
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¿Por qué ha generado polémica la Ley de Amparo?
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que la Constitución prohíbe la retroactividad en perjuicio de las personas.
“Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes no puede haber retroactividad”, afirmó, y adelantó que investigará las razones detrás de la incorporación de este transitorio, introducido por el senador morenista Manuel Huerta mediante una reserva en el Pleno.
La reforma a la Ley de Amparo había generado debate desde su propuesta inicial el 15 de septiembre, sobre todo por limitar el concepto de interés legítimo y restringir las suspensiones temporales decretadas por jueces.
Académicos y expertos expresaron su preocupación en audiencias públicas celebradas en la Cámara Alta, especialmente por el impacto que estas medidas podrían tener en juicios relacionados con proyectos como el Tren Maya y otros asuntos ambientales.
A pesar de que varias críticas fueron atendidas en la redacción final del dictamen, la inclusión de la retroactividad sorprendió a la presidenta y encendió nuevas alertas sobre la seguridad jurídica en el país.
Sheinbaum insistió en que los juicios actualmente en trámite deben continuar bajo la legislación vigente, asegurando que no se trata de nuevos procesos.
La controversia adquiere además un matiz mediático y político, ya que la reforma busca limitar los amparos sucesivos de deudores fiscales, en un contexto en el que empresarios como Ricardo Salinas Pliego enfrentan litigios por impuestos millonarios.
La presidenta hizo un llamado implícito a la Cámara de Diputados para corregir la contradicción introducida por el Senado y garantizar que la ley respete la Constitución.
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