El pasado 17 de septiembre, el gobierno del estado de Hidalgo efectuó un pago anticipado de 249 millones de pesos a Banco Mercantil del Norte (Banorte), con lo que liquidó por completo un crédito contratado originalmente en 2009 y refinanciado en 2012, cuyo vencimiento estaba previsto para enero de 2027.

El pasado 17 de septiembre, el gobierno del estado de Hidalgo efectuó un pago anticipado de 249 millones de pesos a Banco Mercantil del Norte (Banorte), con lo que liquidó por completo un crédito contratado originalmente en 2009 y refinanciado en 2012, cuyo vencimiento estaba previsto para enero de 2027.

Este préstamo, de mil 500 millones de pesos, se había destinado a la adquisición de un polígono de 700 hectáreas para la construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, proyecto cancelado tras la Reforma Energética.

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El gobierno del estado de Hidalgo efectuó un pago anticipado a Banco Mercantil del Norte (Banorte).

Con este pago, se estima la liberación de más de 306 millones de pesos, que serán reasignados a obras públicas y programas sociales en beneficio de los hidalguenses.

Con el pago a Banorte, la deuda pública estatal se reduce a tres créditos, con un saldo actual de 2 mil 509 millones de pesos, descendiendo desde los 3 mil 906 millones que registraba al 5 de septiembre de 2022, cifra que incluía cinco créditos heredados de administraciones anteriores.

Este logro se suma a un primer pago anticipado realizado en diciembre de 2023 a un crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

El gobernador Julio Menchaca ha mantenido una política de cero endeudamiento, convirtiéndose en la primera administración en 22 años en no recurrir a nuevos créditos ni a adelantos de participaciones federales.

Según las autoridades estatales, esta estrategia refleja una gestión eficiente de los recursos públicos, fortaleciendo la liquidez y finanzas sanas de Hidalgo.

Gracias a esta disciplina financiera, la entidad se encuentra entre las cinco con menor nivel de endeudamiento en México, mostrando estabilidad y generando confianza en el manejo de los recursos públicos, mientras se destinan mayores fondos a proyectos que impactan directamente en la población.

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