Después de seis meses de búsqueda, autoridades localizaron sin vida a la activista Sandra Estefanía Domínguez Martínez y a su esposo, Alexander Hernández Hernández, quienes desaparecieron el 8 de octubre de 2024 en María Lombardo de Caso, Oaxaca.

Después de seis meses de búsqueda, autoridades localizaron sin vida a la activista Sandra Estefanía Domínguez Martínez y a su esposo, Alexander Hernández Hernández, quienes desaparecieron el 8 de octubre de 2024 en María Lombardo de Caso, Oaxaca.

Las autoridades encontraron los cuerpos el pasado jueves 24 de abril en dos fosas clandestinas ubicadas en un rancho sobre un camino de terracería entre La Ceiba y Unión Progreso, en Santiago Sochiapan, Veracruz.

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Sandra Domínguez y a su esposo, Alexander Hernández Hernández desaparecieron el pasado 8 de octubre de 2024 en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que la identificación de los restos se realizó mediante estudios forenses y odontológicos, con apoyo de los familiares, en el Instituto de Servicios Periciales.

Desde la denuncia de la desaparición, autoridades federales y estatales desplegaron operativos y labores de inteligencia en Oaxaca y Veracruz.

Entre los avances clave en la investigación, se encontró primero la camioneta de las víctimas en Playa Vicente, y posteriormente, el teléfono de Sandra Domínguez en la comunidad de El Nigromante, ambos en Veracruz.

Además, el 29 de enero de 2025, en un operativo en el rancho “El Capricho” en Nazareno, fuerzas de seguridad enfrentaron a presuntos responsables, resultando en la muerte de uno de ellos, identificado como A.G.T.

Las autoridades señalaron que la desaparición estaría relacionada con disputas entre células del crimen organizado en Veracruz.

Alexander Hernández fue vinculado a uno de estos grupos, mientras que Sandra Domínguez era reconocida como activista sin nexos aparentes con dichas organizaciones.

Actualmente, una mujer identificada como C.E.R.M. está vinculada a proceso. La Fiscalía aseguró que continuará con las investigaciones para detener a otros responsables y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

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